Santo Domingo.- Un grupo de 272 abogados dominicanos que apoyan la inclusión de las tres causales para la interrupción voluntaria del embarazo en el Código Penal enviaron una carta al presidente de la República Luis Abinader, en donde pidieron que ejerza su liderazgo político para que esta reforma legal sea una realidad y cumpla con sus obligaciones constitucionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la vida, a la salud, la autonomía, y la dignidad de las mujeres y las niñas dominicanas.
En la misiva, los manifestaron que la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad penal por la interrupción voluntaria del embarazo constituye una medida constitucionalmente válida, y aseguran que al prohibir el aborto en todos los casos el país está en violación de todas las normas de salud y derechos humanos que existen, incluyendo la Constitución de la República.
Afirmaron que obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual, o incesto, llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero o cuando su vida corre peligro por este embarazo, constituye un acto cruel, inhumano y degradante.
A continuación documento enviado al presidente Luis Abinader:
Señor presidente
Desde el 24 de marzo, nuestro Congreso está discutiendo la reforma del Código Penal. Este debate incluye la despenalización del aborto en tres causales: cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no sea viable, y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. Las abogadas y abogados suscribientes le recordamos que desde su posición puede ejercer su liderazgo político para que esta reforma legal sea una realidad y cumpla así usted, señor presidente, con sus deberes constitucionales de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos a la vida, a la salud, la autonomía, y la dignidad de las mujeres y las niñas dominicanas.
Como bien ha afirmado la Comisión Especial designada por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo para el estudio del proyecto del Código Penal, la inclusión de las tres causales de eximente de responsabilidad penal por la interrupción voluntaria del embarazo constituye una medida constitucionalmente válida, en la medida que cada una de las causales protege derechos fundamentales de las mujeres, que de otro modo serían vulnerados, al estar legalmente obligadas a continuar un embarazo en contra de su voluntad y su vida en dignidad en los tres supuestos indicados.
La primera causal, eliminando la penalización de la interrupción del embarazo cuando suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña, responde al mandato constitucional de la protección del derecho a la vida, a la salud y a la atención médica de la mujer y las niñas. La segunda causal sobre la inviabilidad del feto protege los derechos a la dignidad, a la integridad física y psíquica de la mujer. Y la tercera causal que permite interrumpir el embarazo cuando sea resultado de violación o incesto, está íntimamente ligada con la imperativa protección de los derechos a la dignidad, a la integridad física y psíquica de la mujer y al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, obligar a una mujer, a una niña o adolescente a mantener un embarazo producto de una violación sexual, o incesto, llevarlo a término cuando existe constancia de la inviabilidad fuera del útero de la mujer o cuando su vida corre peligro por este embarazo, constituye un acto cruel, inhumano y degradante según ha sido considerado el Comité de Derechos Humanos de la ONU a través de su jurisprudencia.
Las estadísticas son claras: las leyes que penalizan el aborto de manera absoluta no reducen la cantidad de abortos, sino que empujan a las mujeres a someterse a tales procedimientos en condiciones de extrema inseguridad y precarias condiciones de higiene y salubridad. Como indican los estudios sobre el tema, esta es una importante causa de muerte y de graves daños a su integridad física. La despenalización por causales es el estándar mínimo de protección en salud materna, según los organismos internacionales rectores de la salud como la OMS y la OPS.
Si bien aprobar las causales no obliga a ninguna persona a abortar, es imperativo que las mujeres y niñas dominicanas tengan la posibilidad de decidir por sí mismas si interrumpir, o no, un embarazo en estas tres situaciones excepcionales, sin sufrir ninguna consecuencia legal por la decisión que puedan tomar. De igual manera, es vital que no haya consecuencias legales para los servidores de la salud que les asistan (doctores, enfermeras, laboratoristas, entre otros).
El Estado se configura como garante de derechos de las personas, de la libertad individual y de la justicia social, y usted, como presidente constitucional, se ha comprometido con la protección y defensa de los derechos de la población y el respeto a la Constitución. Es lamentable que la República Dominicana no provea el estándar mínimo de protección legal para la salud materna a las mujeres y las niñas de este país.
No podemos dejar de enfatizar que las tres causales persiguen armonizar derechos fundamentales en conflicto, justamente como ordena la Constitución dominicana en su artículo 74. Este ejercicio de armonización de derechos fundamentales no es extraño en nuestra legislación, ni siquiera cuando del derecho a la vida se trata. Es así que, a modo de ejemplo, nuestro actual código penal reconoce en su artículo 328 la “legítima defensa” como eximente de responsabilidad penal para el homicidio. Por el contrario, la penalización absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo no solo resulta una solución irrazonable, desproporcionada y por ende contraria al artículo 74, sino que, desconoce en su totalidad los derechos a la vida, la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
En vista de todo lo anterior, le exhortamos que, como presidente de la República Dominicana y líder del partido mayoritario en el Congreso, impulse y lidere a su partido para que la interrupción del embarazo en estas tres causales sea legal, segura y gratuita. Aprobar el aborto en estas tres causales es garantizar la vida, salud y dignidad de las mujeres y niñas dominicanas.
