La afiliación, cotización y participación tienen un carácter obligatorio para todos los ciudadanos e instituciones, en las condiciones y normas que establece la presente Ley (87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social), establece el artículo 3 de la citada legislación.
Aunque es un mandato de la ley, existe una diferencia negativa entre las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y las del Banco Central (BC), sobre los empleados formales registrados y los que cotizan.
La cifra explica que el 1.5% de los asalariados formales que registra el Banco Central no cotizan a la Tesorería.
Entre enero y marzo, la cantidad de empleados que cotizan a la seguridad social creció 4.5%. Según la Tesorería, en el primer mes de 2017 un total de 1,878,486 trabajadores contribuyeron a la institución, mientras que en marzo la cifra se ubicó en 1,963,219.
En su artículo 14, la Ley 87-01 establece que “el empleador contribuirá al financiamiento del Régimen Contributivo, tanto para el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia como para el Seguro Familiar de Salud, con el setenta (70) por ciento del costo total y al trabajador le corresponderá el treinta (30) por ciento restante”.
Sin embargo, cuando se observan las cifras de la Superintendencia de Pensiones (Sipen) sobre la cantidad de empleados que cotizan para su seguro de vejez la cifra se reduce considerablemente con relación a los empleados formales registrados en la TSS.
El pasado mes de marzo, la cifra de personas que cotizó a la Sipen fue de 1,727,425, una diferencia de 235,794 menos con relación a los empleados que cotizó durante igual mes a la Tesorería de la Seguridad Social.
La cantidad de personas que cotizó a la Sipen de enero a marzo de 2017 creció un 6.3%, al pasar de 1,624,220 a 1,727,425.
Cifras de la TSS muestran que durante los primeros tres meses de 2017 la entidad recaudó, por concepto del seguro de vejez, discapacidad y sobreviviencia, RD$11,240.4 millones, registrando un aumento de un 10% en comparación con igual período de 2016.
Sin beneficios
Aunque la Ley 87-01 tiene un carácter obligatorio, en República Dominicana había, hasta el pasado mes de marzo, 2,082,126 trabajadores informales, los cuales no recibían los beneficios que otorga la legislación.
De acuerdo a las estadísticas del Banco Central, los trabajadores informales significaron el 51% de todos los empleados del período.
En el primer trimestre de 2017, la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (DIDA) recibió 9,465 casos de quejas y reclamaciones, de las cuales 626 correspondieron a temas vinculados a las pensiones.
De acuerdo a las estadísticas de la institución, el 36.2% de las quejas por pensión corresponde a la tardanza en la entrega de ésta.
La legislación expone, en su artículo 113, que el incumplimiento de la obligación del empleador de afiliar en el tiempo establecido a las personas que trabajan bajo su dependencia constituye un delito sujeto a prisión correccional y/o multas.
Un estudio de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) puntualiza que “a pesar de que el país cuenta con un sistema de seguridad social que contempla la universalidad de la protección para la población, actualmente menos del 14.4% de los dominicanos mayores de 65 años tiene acceso a una pensión”.
Vida digna poco posible
“Las desigualdades del mercado laboral se reflejan en la distribución de las pensiones, con una gran desprotección de los trabajadores informales y las mujeres, así como el predominio de bajos salarios. Por lo cual, el derecho a una vida digna no se aplica para una parte importante de la población, al menos mediante una pensión”.
La cita está contenida en un estudio de la Oficina Nacional de Estadística, titulado “Envejecimiento demográfico: desafío al sistema de seguridad social”, publicado en marzo de 2016.
