SANTO DOMINGO, República Dominicana.- En el año 2007, 25 representantes de 32 empresas de Zonas Francas solicitaron préstamos por más de RD$1,200 millones de pesos a diversas entidades bancarias del país, con el aval del Gobierno dominicano, y hasta la fecha sólo una compañía está al día en sus pagos.
Hace menos de unas semanas, el Presidente Leonel Fernández anunciaba los logros de las Zonas Francas con bombos platillos.
Hasta el 2010, operaban 558 empresas en los parques de Zona Franca con un crecimiento de un año a otro, que fácilmente se puede medir en empleos: un incremento de 116 mil entre el año pasado y el 2009.
Esto provocó que sus exportaciones totales ascendieran a casi 4 mil millones de dólares (US$3,957 millones de dólares), según el Consejo Nacional de Zonas Francas, en comparación con el 2009.
El panorama es muy diferente al 2008 y 2009, cuando estas empresas perdieron más de 40 mil empleos.
Para “rescatar” ese sector, en el 2007, el Congreso Nacional mediante la Ley 174-07 aprobó un aval financiero por un monto de RD$1,200 millones de pesos, autorizando así al Ministerio de Hacienda a “garantizar” préstamos otorgados por la banca nacional a las empresas de Zonas Francas.
El senador Tommy Galán, presidente de la comisión de Hacienda del Senado, presentó en enero de este año una resolución que solicitaba al Ministerio de Hacienda, al Consejo de Zonas Francas y a la Comisión de Apoyo a las Empresas de Zonas Francas, rendir un informe respecto al aval financiero de dicha ley, señalando que la ayuda económica que ha brindado el Gobierno a las zonas francas en los últimos tres años es millonaria.
Pero un reporte confidencial del Ministerio de Haciendo con fecha del 9 de febrero, obtenido por El Informe indica que los prestamos avalados por el Gobierno se concedieron con un plazo de un año, y posteriormente se dio un año adicional.
Sin embargo dice el documento “Debido a que las empresas no estaban cumpliendo con los pagos requeridos con la banca comercial, esta procedió a ejecutar los avales concedidos”. De 32 prestamos, 31 pasaron “en su totalidad a formar parte de la deuda pública” o sea el Gobierno pagará 1,168.6 millones de pesos.
De estos préstamos por unos RD$1,200 millones de pesos (RD $1,187.3) o US $32 millones dólares, 12 empresas se llevaron más del 80 % (83.39%) del pastel, iniciado con el Grupo M Industries, del empresario Fernando Capellán con US$ 5 millones de dólares.
Margarita International de Micalo Bermúdez, también miembro del Consejo del Banco de Reservas, con otros US$5 millones de dólares.
D’ Clase Manufacturing, Westpoint Manufacturing, American Appareal Associates y D Clase Shoes, del empresario José Clase, con 4.7 millones de dólares (US $4.75).
Bojos Leather Limitada, de Luis José Bonilla Bojos y Ángel Rosario Viñas, con 4.1 millones (US$4,183,000).
Tres empresas de Carlos Manuel Álvarez contaron con préstamos de 1.5 millones de dólares: X- Cell Fashions (Corp. S. A), Southern Investment International y Empresas T&M, S.A.
Otras dos, Antilles Manufacturing, de Ricardo Fondeur y Ramsa, C. por A, de Julián Ramia, también se les prestó US$1.5 millones de dólares. Esta última no se encuentra operando en la actualidad.
Entre Unión Textil International, S.A y Qel Dominicana S.A, de Pedro Manuel García, (US$1.2 millones de dólares) Dominican Pottery, de Eduardo Bogaert, (US$1 millón de dólares) Ana Manufacturing, de Martín Rivas (US$1 millón de dólares) Global Technology Group y Notions Dominicana, S.A, de Miguel Lama, (US$1 millón de dólares) e In Alert Manufacturing, S.A, de Santiago Morales, (US$1 millón de dólares) les prestaron 5.2 millones de dólares.
Cabe destacar que otras tres de las empresas deudoras tampoco están funcionando. (F & J International, S.A, Cape Sportwear, S.A. ,Taino Leather Products, Inc.).
Mientras que Atlantic Manufacturing, que se dedica a la confección de Ropa en Puerto Plata, fue una de las beneficiadas con los 1,200 millones de pesos en préstamos, avalados por el Gobierno, a las empresas de Zonas Francas.
Recibió US $500 mil dólares y es la única de las 32 empresas favorecidas, que se mantiene al día con los pagos.
El senador Tommy Galán dice que informes oficiales en manos del Consejo Nacional de Zonas Francas y el Ministerio de Hacienda pudieran ser claves.
A raíz de esta deuda publica, el Gobierno central ha realizado pagos de amortización por casi 469 millones de pesos (RD$468,857,295) y pagos de intereses y comisiones por 95.7 millones (interés 85,067,991 y comisiones 10,681,214) para un total de 564. 6 millones de pesos (RD$563,925,286).
El balance adeudado por el Gobierno a los bancos comerciales locales por concepto de avales financieros ejecutados asciende a US$20 millones de dólares, o su equivalente en pesos a RD$750 millones 500 mil pesos.
Para este 2011, están programados e incluidos en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos, pagos de amortización e intereses por RD$810 millones 900 mil pesos, y su último vencimiento es en octubre de este año.
La semana pasada, El Informe se comunicó con el Consejo Nacional de Zonas Francas para obtener su versión con respecto a estos préstamos.
Se nos informó que la directora ejecutiva Luisa Fernández Durán, estaría fuera del país hasta este viernes próximo.
Entretanto, la Comisión Especial que estudia la resolución que solicita al Ministerio de Hacienda, al Consejo de Zonas Francas y a la Comisión de Apoyo a las empresas de zonas francas, una investigación sobre los hechos, se reunirá este miércoles para rendir un informe respecto al aval financiero que ahora se ha convertido en una deuda del Estado.
