Este articulo fue publicado por acento.com en el año 2012, lo republicamos para constribuir a la construcción de una memoria historica del pueblo dominicano en la que jamas quede en el olvido los bochornosos casos de corrupción política de la que hemos sido victimas en las ultimas decadas en la República Dominicana.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La gestión de Leonel Fernández repartió entre allegados, miembros del PLD o vinculados a su gobierno los apartamentos construidos en la exclusiva zona de la avenida donde comienza el parque Mirador Sur. Pese a los cuestionamientos públicos, la directora del INVI, Alma Fernández, rehúsa dar la cara.
Los gobiernos son reincidentes otorgando a sus allegados facilidades nunca imaginadas en el sector privado. En el caso del residencial El Progreso, la gestión de Leonel Fernández asumió unos dos millones de pesos, con un bono entregado a cada uno de los favorecidos.
Al menos el 75% de los adquirientes de los apartamentos, inaugurados en septiembre del año pasado, están directamente vinculados al oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ya sea como funcionarios, como miembros de esa organización o como familiares o allegados tanto del ex presidente Fernández, como de su esposa, la actual vicepresidenta Margarita Cedeño. En un ejercicio de rastreo de 30 beneficiarios escogidos al azar, 8 resultaron tener otras propiedades a su nombre, incluso inmuebles construidos por el Estado.
Con apenas 180 apartamentos, el costo de la obra erigida en la avenida Luperón, en el Distrito Nacional, ronda los RD$1,081 millones, sin tomar en cuenta el valor del terreno, ubicado en una zona muy próxima a la Avenida Anacaona, en el exclusivo sector Los Cacicazgos.
El propio Instituto Nacional de la Viviendas (Invi) destaca –en su portal web– que entre 2004 y 2010 hizo en sus proyectos del Sur 1,278 viviendas con RD$876,595,165. Es decir, que con unos RD$200 millones menos construyó 1,098 unidades más que en El Progreso.
El artículo 237 de la Constitución establece: “Corresponde al Estado realizar una asignación equitativa del gasto público. Su planificación, programación, ejecución y evaluación responderán a los principios de subsidiariedad y transparencia, así como a los criterios de eficiencia, prioridad y economía”.
Pero nada de esto parece cumplirse en la construcción de El Progreso, ya que entre los 157.47 metros cuadrados de los 180 apartamentos, distribuidos en tres torres de 17 pisos cada una, se encuentran tres habitaciones –la principal con walk in closet–, dos baños y medio, vestíbulo, sala comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicio con su baño y escaleras de emergencia anti resbalones. Además, dos estacionamientos para cada apartamento, igual número de ascensores, sistemas de comunicación interna por seguridad, cisterna, depósito de basura, área social con baño, área verde, un minimarket, oficinas administrativas, baños y comedores para empleados en cada torre y garita de seguridad.
Todo esto en un país donde el déficit habitacional alcanzó el pasado año las 462,600 unidades de viviendas, según el grupo Ciudad Alternativa.
El terreno que aloja las torres es ahora motivo de conflicto. Fernando Hernández Díaz, presidente fundador del Colegio de Abogados, entidad a la que pertenecía, asegura que el Estado no podía declararlo de utilidad pública.
“Es ilegal porque el Estado asume todos los terrenos y a mí me correspondió comprar a personas privadas una cantidad cercana a los dos mil metros. El Estado no puede reivindicar terrenos que fueron obtenidos en compra en el sector privado”, dice.
En 1984, el entonces presidente Salvador Jorge Blanco cedió mediante decreto un solar de 10,962 metros cuadrados para la construcción de la casa club del gremio. “Cuando se hace una donación, si el beneficiario no cumple, el Estado puede recuperarlo, pero eso se donó para un club y el club existía”, asegura Hernández Díaz.
Mediante el decreto 374-05, de julio de 2005, la propiedad fue transferida al Invi para el desarrollo de proyectos de interés social en provecho de sectores profesionales y de clase media. El artículo 2 de esta disposición autoriza al Consejo Estatal del Azúcar (CEA) a transferir al Colegio de Abogados de 40,000 metros cuadrados en Quita Sueño, Haina.
El mismo decreto autorizaba al Invi a construir una casa club para los abogados. A siete años de su promulgación, el terreno permanece lleno de escombros y maleza y sin siquiera asomos de que se pretenda iniciar construcción alguna.
Los siempre beneficiados
La historia no es nueva. En 1976, Joaquín Balaguer comenzó a urbanizar los alrededores del Parque Mirador Sur, en lo que hoy se conoce como Los Cacicazgos y Bella Vista. En el lugar se construyeron los edificios del entorno del Hotel El Embajador, que también fueron repartidos entre allegados al poder. A 36 años de su inauguración, dichos apartamentos presentan un gran deterioro, que contrasta con la ostentación que mostraban al principio.
Otro grupo de allegados al PLD fue beneficiado con la asignación de apartamentos en el residencial Mairení, en Los Cacicazgos, Distrito Nacional, construido en el primer gobierno de Fernández (1996-2000) por un monto de RD$92 millones. Lo mismo ocurrió en el residencial Enriquillo, levantado a un costo de RD$140 millones.
De un total de 179 propietarios de El Progreso, 11 son empleados de Funglode, del despacho de la vicepresidenta Cedeño de Fernández o su antigua oficina como primera dama y/o familiares. Otros 53 son funcionarios, dirigentes del PLD o allegados a estos. La lista incluye 12 jueces o miembros del Ministerio Público y la Cámara de Cuentas, 5 militares y 6 periodistas o sus allegados.
La directora del INVI, Alma Fernández, se negó a hablar del tema con El Informe. Ante la insistencia, se limitó a afirmar, a través de Henry Coradín, relacionista público de la institución: “Ahora mismo (la funcionaria) no quiere hacer ningún comentario respecto al tema”.
En más de una ocasión el Invi aseguró que una vez comprobado que los postulantes de El Progreso no poseían una vivienda propia serían remitidos al Banco de Reservas para que gestionen un financiamiento. Sin embargo, El Informe comprobó no solo que personas con propiedades resultaron beneficiarios, sino que además entre los adquirentes hay favorecidos con otras viviendas gubernamentales.
Tal es el caso de Sagíe Roedán Mateo, funcionaria de la anterior gestión del Despacho de la primera Dama, quien también aparece como beneficiaria del Proyecto José Contreras.
En agosto de 2002, Bienes Nacionales publicó un espacio pagado donde ofrecía un reporte general de deudores del proyecto. La lista estaba compuesta por quienes acumulaban deudas de cuotas atrasadas calificándoles de “sumamente morosos”. Entre estos figura Roedán Mateo, propietaria del apartamento 302 localizado en el edificio 6, manzana 11 del referido residencial.
Reacciones
La semana pasada, los diputados del opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD) Alexis Jiménez y Esther Minyetti sometieron a su hemiciclo un proyecto de resolución con la que buscan que el gobierno de Danilo Medina cancele los contratos de apartamentos firmados por la gestión de Fernández con los beneficiarios, por entender que “su adjudicación es violatoria a la Constitución”. También persiguen que el complejo sea vendido en el mercado libre inmobiliario para usar los recursos en proyectos económicos destinados a beneficiar a residentes en barrios marginados.
De su lado, el regidor por el PRD, Waldys Taveras, pidió al Concejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional que ordene al alcalde Roberto Salcedo reclamar al INVI, a los constructores y a la entidad financiadora del complejo habitacional que paguen más de RD$22.5 millones en impuestos, arbitrios y tasas municipales, por tratarse de una construcción de viviendas suntuarias y no de interés social.
