La Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, despojó de varios expedientes penales de presuntos actos de corrupción a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, bajo el alegato que estos habían sido enviados a esa instancia “de manera segmentada y sin criterio definido”.
La ex jueza de la Suprema Corte de Justicia y ahora titular del Ministerio Público solicitó a la fiscal el desapoderamiento y la devolución de los expedientes, incluyendo la denuncia de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que presidía Berlinesa Franco, por violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, el de la denuncia de presuntas irregularidades en el Inaipi, que favoreció a una empresa, hasta el momento desconocida, con una licitación valorada en 100 millones de pesos para la entrega de 40 mil kits de alimentos, cada uno valorados en 2,500 pesos.
Manifestó que decidió quitarle los expedientes a la fiscal, como parte de una reingeniería enfocada en la transformación integral de las indagatorias y los procesos relativos a ese delito y que las denuncias se enviaron de forma discrecional al Distrito y sin seguir ningún parámetro razonable que lo justificara.
Indicó que había pedido a la fiscal Ramos, mediante oficio del 25 de agosto, una lista de los casos de corrupción que se encontraban en esa jurisdicción y que luego otorgó un plazo de 48 horas para su remisión ante la Procuraduría General, en donde lo asumirá junto a un equipo de su gestión.
Señaló que los citados casos ameritan ser investigados siguiendo los mismos parámetros objetivos elaborados por el Ministerio Público que encabeza para que haya un procedimiento estandarizado.
“Las investigaciones de corrupción requieren de una gestión integral que permita disponer del capital humano y los recursos técnicos indispensables para la persecución efectiva que demandan». En ese contexto, recuerda que “realizar los procesos de investigación en varias dependencias puede atentar contra el plazo razonable que se debe observar por mandato de la ley».
Deploró que hasta el momento en República Dominicana los casos de corrupción se hayan investigado y procesado siguiendo acciones aisladas y sin las herramientas necesarias para instrumentar los procesos a la altura de las acciones criminales complejas a las que pertenecen y que son propias del crimen organizado.
