SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público pidió este jueves a los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que impongan un condena de 5 años al diputado perremeísta Gregorio Domínguez Domínguez, acusado de desalojo ilegal en perjuicio de la señora Lucila Nelly Capellán en Punta Rucia, Puerto Plata.
Asimismo pidió que el diputado sea enviado la cárcel modelo de Rafey en Santiago, y que además sea condenado a pagar una multa ascendente al equivalente de veinte salarios mínimos del sector público.
El organismo fiscalizador solicitó, además, que el legislador pague las costas penales del proceso.
En ese sentido alegó que el legislador violó los artículos 24 y 25 de la ley 396-19 que regula el otorgamiento de la fuerza pública, el artículo 1 de la ley 5869 sobre violación de propiedad, así como los artículos 1 y 2 de la ley 5797 sobre Destrucción a la Propiedad Ajena en perjuicio de la víctima.
El despojo y la sentencia
El caso de desalojo violento e ilegal, por el que acusan al diputado, se registró el 27 de marzo del 2020, cuando supuestamente un grupo de hombres armados y con una pala mecánica, derrumbaron la casa de la señora Capellán, presuntamente por órdenes de Domínguez.
Este jueves concluirá la audiencia de fondo, donde las partes exponen sus alegatos, aunque existe la posibilidad de que los magistrados se reserven el fallo. Los testigos aportados por el órgano acusador aseguraron que, el día de la demolición de la vivienda, se encontraba allí el imputado, que entonces era aspirante a diputado por la zona.
Sin embargo, los testigos presentados por la defensa de Domínguez alegan que éste estaba en una actividad política propia de su campaña electoral, en Navarrete, y detallaron hasta la vestimenta que tenía ese día.
La defensa del diputado, Valentín Medrano, explicó que en esa época no era legislador y, si es así como señalan los testigos, por qué no lo apresaron en ese momento, indicando que estos campesinos formaron una especie de concierto para desmeritar y desacreditar a su defendido.
