El expediente elaborado por el Ministerio Público en la Operación Calamar contra los ex ministros Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, además de otras 19 personas, también menciona (como testigo) a Juan Alexander Tapia Holguín, a quien identifica como chofer de Ramón Emilio Jiménez Collie, alias “Mimilo”, desde 2016 hasta 2020, testigo estrella junto a Francisco Pagán del Ministerio Público, señalado como la persona que presuntamente entregaba el dinero a Castillo.
Según el Ministerio Público el chofer Juan Alexander Tapia Holguín testificó que retiró exactamente mil ciento catorce millones ciento veintidós mil pesos (RD$1,114,122,000) del Banco Banreservas en un lapso de 24 horas entre el 11 y el 12 de febrero de 2020.
Según el expediente del Ministerio Público, de la Operación Calamar, Tapia Holguín retiró el día 11 de febrero de 2020 hizo una compra de dólares de RD$50,000,000.00 y otros cuatro retiros a una cuenta del Banco de Reservas por los montos de RD$107,000,000.00; RD$32,300,000.00 y RD$16,150,000.00 para un total de RD$205,450,000.00
Asimismo, el Ministerio Público asegura que el chofer de «Mimilo» Jiménez realizó 10 retiros de la misma cuenta del Banreservas el día 12 de febrero de 2020 por los siguientes montos RD$15,170,000.00; RD$29,750,000.00; RD$30,345,000.00; RD$72,645,000.00; RD$59,500,000.00; RD$37,063,000.00; RD$198,355,000.00; RD$123,543,000.00; RD$101,150,000.00 y RD$241,151,000.00 para un total de RD$908,672,000.00,
La información fue revelada por la periodista Edith Febles en el programa matutino «El Día», que se transmite por Telesistema, canal 11, tras revelar que los datos están contenidos en el expediente de medida de coerción contra los imputados en la Operación Calamar desde la página 1,835 en adelante.
La periodista resaltó, según consta en el expediente de solicitud de coerción otros retiros millonarios que realizó el chofer, residente en Los Mameyes, Santo Domingo Este.
Operación Calamar y ley de lavado de activos
Se recuerda que la Ley 155-17 sobre lavado de activos y financiamiento al terrorismo establece las obligaciones de seguimiento y monitoreo que deben realizar las entidades financieras respecto a las transacciones y relaciones comerciales entre los clientes y los bancos, así cómo, de informar a las autoridades de las actividades sospechosas.
