La decisión del presidente Danilo Medina de llegar a un acuerdo con las personas que adquirieron ilegalmente terrenos alrededor de Bahía de Las Águilas lo hace cómplice de una larga cadena de violaciones legales y constitucionales y resta calidad moral a las autoridades instaladas el pasado 16 de agosto.
El decreto firmado por el presidente Medina otorgando poder al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo para desistir de las justas demandas del Estado dominicano que persiguen recuperar los terrenos robados al Estado en Bahía de Las Águilas y premiar con un 45% del valor de tales inmuebles a los adquirientes ilegales, implica el rompimiento de su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República.
Los adquirientes ilegales que han resultado beneficiarios de esta decisión presidencial no pueden atribuirse la calidad de terceros adquirientes de buena fe en una operación que no cumplió con requisitos legales que no pueden ser desconocidos por ninguna persona en el país pues sería alegar ignorancia de la ley, lo que no está permitido.
El gobierno envía un pésimo mensaje cuando justifica el acuerdo en la lentitud de la justicia dominicana pues fomenta que otras personas sigan su ejemplo y se hagan justicia por su propia mano. En adición, las actas de audiencia del caso inmobiliario revelan que la dilación del caso ha sido principalmente responsabilidad de la representación del Estado dominicano.
Ha quedado claramente demostrado el esfuerzo del gobierno de manejar el tema a espaldas de la ciudadanía, que solo se entera cuando el periódico 7dias.com divulga la existencia del poder firmado por el presidente Medina. Tampoco han sido divulgados al día de hoy las identidades de las personas que serán los beneficiarios finales del fraude cometido.
Llamamos la atención sobre una cláusula existente en el borrador del contrato de transacción que circula, que permite a los adquirientes ilegales no aportar las tierras por ellos robadas al fideicomiso que se constituiría, y quedarse con el 100% de las mismas siempre y cuando paguen al Estado el 55% de su valor, lo que implicaría darle una opción de comprar esas tierras que siempre han pertenecido al Estado. Esta condenable acción, viene a reafirmar el régimen de impunidad imperante en la Republica dominicana desde hace décadas.
La decisión del presidente Medina es sencillamente inaceptable por ilegal e inmoral y solo contribuye a consolidar a la República Dominicana en las últimas posiciones que vergonzosamente ostenta en todas las evaluaciones internacionales en materias relacionadas con la corrupción, generando una profunda decepción y haciendo perder toda esperanza de cambio en esta materia por actuaciones del nuevo gobierno.
Participación Ciudadana apoya firmemente el desarrollo de la región sur del país, pero no podemos dejarnos confundir, pues para desarrollar un territorio de tanta pobreza como el sur, no se precisa regalar sus tierras a quienes se las han apropiado de manera ilícita y es absolutamente falso que ese acuerdo transaccional sea la única vía para resolver el impasse. Prestigiosos juristas ya han identificado otras soluciones legales que no atentan contra el patrimonio nacional y que son mucho más ventajosas tanto para el sur como para el resto del país.
Por último, informamos a la opinión pública que en los próximos días nuestra organización estará llevando a cabo una serie de acciones legales, dirigidas a enfrentar la prolongación de una acción fraudulenta como lo supone el reconocimiento de los títulos ilegales de propiedad en Bahía de las Águilas. Al mismo tiempo, hacemos un llamado a la ciudadanía a apoyar las acciones de movilización que un conjunto de organizaciones de sociedad civil están desarrollando para oponerse a este nuevo atropello a la institucionalidad.
