El Senado de la República aprobó este miércoles una resolución que solicita al procurador general de la República y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, realizar una acuciosa investigación sobre el paradero y destino dado a más de RD$300 millones, por la alta dirección de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE).
Los mencionados recursos provienen de las ganancias obtenidas por las 285,982 acciones que tiene el Estado dominicano en la Falconbrindge o Falcondo Xstrata Nickel, correspondientes a las provincias La Vega y Sánchez Ramírez.
La citada pieza es una iniciativa del senador Euclides R. Sánchez y que fue respaldada por su homólogo Félix M. Vásquez, representantes de las indicadas demarcaciones, respectivamente, en procura de identificar probables ilícitos e infracciones.
Exigen, además, establecer sanciones drásticas en caso de que se determine que hubo distracción o un uso inapropiado, ya que según la Ley No. 507 – 05 dichos recursos proceden del 20% y el 10% que corresponden a las provincias La Vega y Sánchez Ramírez respectivamente, como mecanismo para compensar o al menos mitigar el pasivo social y ambiental que generan las actividades de explotación minera.
De acuerdo con los hallazgos descritos en el informe de auditoría especial realizada por la Cámara de Cuentas al periodo comprendido del 1° de enero del 2004 al 31 de diciembre del 2014, hubo una distracción de RD$300 millones y otras partidas millonarias, cuyos recursos fueron destinados a un proyecto habitacional y comercial denominado ‘‘Metrópolis’’ en Santo Domingo, una actividad totalmente ajena y al margen de lo contemplado en la Ley No. 507-05, y en perjuicio básicamente de las provincias La Vega y Sánchez Ramírez, con lo que pudieron haber sido resuelto y desarrollado proyectos de interés social para las poblaciones de ambas provincias.
La pieza de sometida por su autor, el Senador Euclides Sánchez, la misma está numera con la iniciativa 00685-2018-PLO-SE y contó con el respaldo mayoritario del pleno del Senado. En la misma se le solicita al procurador general de la Republica, Jean Alain Rodríguez y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Flavio Darío Espinal, que asuman este caso como prioritario y que en un breve plazo dispongan las medidas legales de rigor, además de ratificarle que le darán el debido seguimiento, hasta que estos fondos aparezcan y sean entregados a sus legítimos dueños que son las provincias La Vega y Sánchez Ramírez.
