SANTO DOMINGO.-La Fundación Primero Justicia denunció que como consecuencia de la investigación de un vicepresidente de uno de los principales bancos del país, respecto al depósito de más de 70 millones de dólares del ex ministro de obras públicas, Víctor Díaz Rúa, está intentando modificar el artículo 85 del Código Procesal Penal para despojar a la ciudadanía del derecho de querellarse contra funcionarios públicos.
Miguel Surum, presidente de la fundación, dijo que la trama consiste en reformar una gran cantidad de artículos de ese código y dentro de estas eliminar la persecución a los corruptos y hacen un llamado a la sociedad a defender ese derecho.
Reiteró el llamado a manifestarse el 27 de febrero, a las diez de la mañana, frente al Congreso, como una expresión contra la impunidad.
