Procuraduría no da señales contundentes en el caso Odebrecht

SANTO DOMINGO. La empresa Odebrecht está conminada este lunes a entregar a la Procuraduría General de la República los contratos firmados con el estado dominicano en Brasil y la información que contenga los nombres de todos los funcionarios que habrían recibido un soborno por 92 millones de dólares desde 2002 hasta 2014.

Desde la reunión sostenida entre el procurador Jean Alain Rodríguez y el gerente de Odebrecht en República Dominicana, Marcelo Hofke, el pasado 10 de enero, la Procuraduría ha solicitado a la Dirección de Compras y Contrataciones la suspensión del registro de proveedor del estado de la empresa brasileña y que se le impida la participación en nuevas obras en suelo dominicano, petición que también habría sido hecha a través de la vía judicial, según informó el procurador. Pero no hizo lo mismo con la construcción en progreso de la termoeléctrica Punta Catalina.

La pasada semana también fue interrogado el empresario Ángel Rondón Rijo por casi 14 horas, y a él se le ha pedido que entregue la información que demuestre que los 92 millones de dólares que Odebrecht admitió a la justicia de Estados Unidos que dio en soborno a funcionarios dominicanos no pasaron por sus manos.

Tanto a Hofke como a Rondón Rijo la Procuraduría les otorgó un plazo de tres días para que concedan por las buenas la documentación. Lo que no está claro es, con un fin de semana de por medio, cómo prescriben esos tres días.

Tras admitir soborno, el modelo de negociación que ha logrado Odebrecht en otros países es el que le permita seguir operando en esas naciones a cambio de dinero o información que delate a los sobornados, y en algunos casos ambos.

La Procuraduría solo ha pedido información, que según el propio procurador Rodríguez, no le ha sido satisfactoria, pero tampoco amenaza, ni presiona.

Mientras Panamá, Colombia, Perú y Brasil han sido contundentes contra la empresa, a la que le han exigido la devolución del dinero de las coimas, o una fracción, además de los nombres de los funcionarios que las recibieron; Rodríguez ha dado plazos desde diciembre pasado, cuando decidió fijar con calma el interrogatorio a Hofke.

La Procuraduría también se ha dado el lujo de permitir un desmentido por parte de Odebrecht, cuyo abogado negó que Hofke diera el nombre de Rondón Rijo como el hombre que manejó los 92 millones de dólares en el país. Eso quedaría claro en una investigación.

En tanto, Jean Alain Rodríguez ha dicho que serán citados “ministros y exministros” y las investigaciones avanzarán “caiga quien caiga”. No ha exigido compensación económica a Odebrecht por parte de los sobornos que aceptó haber realizado en el pasado y no está claro que tenga la intención de procurar los pagos.

Aunque el presidente Danilo Medina rechazó el año pasado las declaraciones del embajador estadounidense James Brewster sobre corrupción en el Estado, se están acumulando en la justicia los casos que siembra dudas en la población.

Está pendiente que se conozcan avances sobre la sobrevaluación en la venta de los tucanos por parte de Embraer, por la que está detenido un coronel; los contratos suscritos supuestamente de manera ilegal por parte del exdirector de Inapa, Alberto Holguín. Y ha dejado mal sabor la posible sobrevaluación de la remodelación del hospital Darío Contreras; y el caso del supuesto suicidio de un contratista que participó en las escuelas sorteadas por la OISOE.

En el ínterin, movimientos sociales se organizan para realizar una marcha el 22 de enero próximo “contra la impunidad”. La Procuraduría tiene hasta el domingo para fortalecer o debilitar la convocatoria popular a través de medidas convincentes.

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