Protesta de los arroceros frente al Ministerio de Agricultura: «¡Chío Jiménez traidor, ministro importador!»

SANTO DOMINGO, República Dominciana.-Al grito de «¡Chío Jiménez traidor, ministro importador!», decenas de directivos de las asociaciones de productores de arroz protagonizaron una protesta este miércoles frente a la sede del ministerio de Agricultura, en reclamo de que el Gobierno les pague miles de millones de pesos que les debe por concepto del plan de pignoración del cereal.

Los productores, portando letreros contra el ministro Salvador (Chío) Jiménez, a quien señala como uno de los resposables de su situación de quiebra, exigen que el gobierno les pague lo adeudado por el arroz que las asociaciones entregaron al Gobierno para mantener asegurada la oferta al tiempo de evitar que los precios bajen por debajo de los costos de producción y desincentiven a los agricultores.

Indignados, los productores de arroz reclamaron al presidente Leonel Fernández que destituya al ministro Salvador (Chío) Jiménez, de quien dijero es «El Peinaíto», pero que no hace su trabajo con eficiencia y responsabilidad.

Esta es la cuarta protesta nacional de los arroceros. La primera fue llevada a cabo en varios municipios de las provincias Duarte, María Trinidad Sánchez y La Vega. La segunda fue efectuada a mediados del mes de septiembre en el municipio Ranchito, en la provincia de La Vega, en la cual paralizaron la carretera con sus tractores y camionetas, exhibiendo letreros en reclamo del pago de la deuda del plan de pignoración del arroz.

Asimismo, los arroceros denuncian que las importaciones ilegales y «masivas» han provocado la caída de los precios del arroz, provocando que el mercado apenas pague 14 pesos con 50 centavos por el kilo de arroz, cuando el costo de producción es de 16 pesos con 50 centavos, generándose una pérdida directa de 2 pesos con 50 centavos por cada kilo producido.

La Federación Nacional de Productores de Arroz (FENARROZ) denuncia que la virtual quiebra en que el Gobierno ha sumido a ese sector conspira contra la estabilidad de más de 250 mil familias que viven directa e indirectamente de la producción del cereal en 12 provincias.

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