SAN CRISTOBAL, República Dominicana.- El abogado Alejandro Mota Paredes denunció que se le pretende conocer medida de coerción a un regidor del municipio de Nigua alegadamente por haber declarado patrimonio cultural una casa campestre del dictador Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Mota Paredes consideró que al concejal Jorge Ortíz Carela el Ministerio Público le acusa de violación de la Ley 5829 sobre Derecho de Propiedad por una supuesta querella incoada contra él por la Fundación Universitaria Dominicana perteneciente a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.
Señala que la resolución en que declara patrimonio cultural la casa de Trujillo Molina, ubicado a orilla de la playa de Najayo, se llevó a cabo cuando Ortíz Carela ocupó la presidencia de la Sala Capitular de Nigua.
El jurista dice no entender por qué la acusación ya que el concejal del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no ha afectado los terrenos que el ex presidente Joaquín Balaguer donó a la UNPHU.
Entidades de la sociedad civil opinan que la Procuraduría General de la República debe impedir que esa casa, que constituye un patrimonio de esta demarcación y del país, sea robada al pueblo con artimañas y acciones fraudulentas.
Señalan que ese patrimonio debe ser restaurado y conservado para que las presentes y futuras generaciones y los turistas lo conozcan y genere divisas e ingresos a esta comunidad.
