El nuevo miembro de la Fuerza del Pueblo, Rafael Paz Familia, estuvo durante un periodo de la gestión gubernamental de Danilo Medina como miembro del consejo de directores del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), institución involucrada en el caso de corrupción Antipulpo.
Durante el periodo de investigaciones que abarcaron los fiscales, Paz fue entrevistado por el Ministerio Público sobre las asignaciones del Fonper destinadas a la fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana, de la expresidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina.
La función del exmiembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el consejo de directores del Fonper era representar al Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), institución de la que era vicepresidente ejecutivo.
La acusación formal contra 24 imputados y que fue depositada a mediados de diciembre pasado, expone que, con las declaraciones de Paz, probaron que el Consejo de Directores del Fonper nunca conoció de forma directa las asignaciones destinadas a la fundación de Mujeres para el Desarrollo de San Juan de la Maguana.
“Solo se veía el presupuesto de manera general, así como la forma en que se conocían las reuniones del Consejo y sus objeciones a traspasos de sumas muy significativas de fondos del Fonper al Poder Ejecutivo”, dice el documento que explicó el dirigente político.
El texto reseña además que, en las entrevistas realizadas, Paz aportó “cualquier otro hecho de su conocimiento en su condición de miembro del consejo durante la gestión de Fernando Manuel Aquilino Rosa Rosa y Carmen Magalys Medina Sánchez”, esta última hermana de Danilo Medina, exmandatario y también presidente del partido que abandonó el abogado.
A principios de diciembre, la Cámara de Cuentas hizo pública una auditoría en la que señalaba que la Fundación de Lucía Medina, quien no ha sido acusada ante la justicia, manejó unos 38 millones de pesos del Fonper sin reportarlos a la Dirección General de Impuestos Internos.
Además, señalaron que la organización recibió 52 millones de pesos de 53 millones que estaban destinados para proyectos sociales dirigidos a personas de escasos recursos y que al final fueron recibidos por legisladores y parientes de funcionarios, entre otras personas que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa de la entidad.
Antipulpo, investigación abierta por el Ministerio Público en noviembre de 2020, pasaría al juicio preliminar el pasado 7 de febrero, pero el juez Deyvi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó la reposición de plazo a la defensa técnica de los implicados en el caso Anti Pulpo, por tiempo de 25 días, fijando la audiencia del juicio preliminar para el lunes 4 de abril.
