Tras indignación nacional, gobierno revoca decisión de reconocer títulos ilegales Bahía de las Águilas

El presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, anunció su posición frente al debatido y polémico caso de titulación de terrenos en Bahía de las Águilas.

A través de Roberto Rodríguez Marchena, director de la Dirección General de Comunicación del Gobierno dominicano (DICOM), el Gobierno dejó sin efecto la decisión de reconocer como legítimos propietarios a quienes se habían hecho con títulos fraudulentos de los terrenos de una parte importante de Bahía de las Águilas.

“Nadie acepta que tras 16 años de iniciado este litigio no se han producido sentencias definitivas que lo resuelvan”, expresó Rodríguez Marchena, en rueda de prensa.

El funcionario indicó que ante el país, el Estado es el propietario legítimo de los terrenos de Bahía de las Águilas.

“Por lo que seguiremos explorando alternativas que nos permitan implementar el proyecto de desarrollo de toda esa zona”, manifestó.

Durante la rueda de prensa que se llevó a cabo poco después de las 5 de la tarde en el Palacio Nacional, se fijo la posición de Medina, quien atendió el llamado de la población que le reclamaron que no premiara a quienes cometieron estafa contra el Estado dominicano.

Para estudiar a fondo el tema, se reunió con directores de medios de comunicación, abogados y activistas cívicos, los cuales le expusieron del origen espurio de los supuestos títulos de propiedad.

En principio, la idea del mandatario era impulsar el desarrollo turístico del Sur Extremo, y se había decidido compensar parcialmente a quienes tenían los falsos títulos bajo el argumento de que existía una litis judicial que tenía más de 10 años en los tribunales, lo que retrasaba cualquier decisión sobre la explotación de los terrenos.

Recientemente la Junta de Directores de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), mostró su preocupación por la situación y dentro de su postura consideró que todas las gestiones que se realicen para este propósito deben realizarse dentro de los límites de la Constitución y las leyes.

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