Tribunal reiteró la prisión preventiva contra Adán Cáceres, ex jefe seguridad expresidente Danilo Medina

El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional confirmó este viernes la prisión preventiva del mayor general Adán Cáceres y a los demás imputados por corrupción administrativa en el Caso Coral, entramado criminal que desarrollaba sus actividades delictivas en el Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), principalmente con el abultamiento de la nómina.

El Ministerio Público estableció en el transcurso del proceso judicial que realizaban operaciones fraudulentas para adquirir bienes muebles e inmuebles, vehículos de lujo y propiedades en diferentes lugares del país, valorados en millones de pesos.

El juez Raymundo Mejía confirmó las medidas de coerción a los encartados en virtud de que no han variado los presupuestos que motivaron su imposición, informó el Ministerio Público en un comunicado.

De este modo, continuarán en prisión tanto Cáceres como Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de esta), el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.

En mayo del pasado año, el Ministerio Público presentó elementos de prueba que llevaron a los tribunales a imponer 18 meses de prisión preventiva en contra de los integrantes del grupo.

Mientras, Raúl Alejandro Girón Jiménez continuará en arresto domiciliario, medida que le fue impuesta por razones de seguridad, en virtud de su cooperación con la investigación del Ministerio Público.

Los vinculados a este expediente guardan prisión en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Hombres y Mujeres, en San Cristóbal, mientras el Ministerio Público continúa profundizando la investigación del caso, que fue declarado complejo.

Estos investigados son procesados por incurrir en los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.

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