El Pleno de la Junta Central Electoral acaba de tomar una decisión sabia, justa y necesaria, para dotarse ella misma de transparencia y no asumir responsabilidad por un acto contractual de la pasada gestión que encabezó Roberto Rosario Márquez y que tiene todavía alguna pestilencia.
El contrato con la empresa Indra Sistemas, de España, para suplir los equipos de captación de huellas en las elecciones del 2016, y las computadoras que harían automáticamente el escrutinio de los votos emitidos por los ciudadanos, mediante un proceso que incluía scanners vendido a un altísimo costo.
El proyecto total llegó a los 40 millones de dólares. La transparencia de ese acuerdo está en serias dudas. El contrato no fue cumplido por la empresa suplidora. Los equipos de captación de huellas no se utilizaron, y los scanners para el conteo automático de los votos tampoco funcionaron.
La JCE mantiene aún una deuda de 600 millones de pesos con la empresa Indra Sistemas, la cual está tratando de cobrar ese monto para el cierre de la operación. La nueva gestión de la JCE recibió deudas por alrededor de 2,700 millones de pesos, entre cuyos acreedores se encuentra Indra Sistemas.
El Pleno de la JCE, encabezado por el doctor Julio César Castaños Guzmán, caba de tomar una decisión responsable y sabia:
Pedir a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana una investigación especial sobre el estatus y situación financiera del contrato entre Indra Sistemas y la JCE. Esto deberá determinar si los términos del contrato se cumplieron de ambas partes. Eddy Olivares, quien fuera titular de la gestión pasada de la JCE, había sometido al Pleno un proyecto de sometimiento judicial de Indra Sistemas por incumplimiento de contrato y por poner en riesgo el sistema institucional dominicano. Rosario y sus adláteres en la JCE no lo aprobaron, claro.
La otra decisión del Pleno ha sido ordenar a la Dirección de Informática recién designada, encabezada por Miguel Angel García, realizar un análisis técnico del desempeño de los equipos suplidos por la empresa Indra Sistemas, y que supuestamente fueron utilizados en el proceso electoral del año 2016.
El contrato de la JCE de Roberto Rosario Márquez con Indra Sistemas también será analizado técnicamente y se procurará que una firma externa, de abogados independientes, con el apoyo de la dirección jurídica de la JCE, emita una consideración sobre el mismo.
Apoyamos estas sabias decisiones del Pleno, y ojalá que las mismas no se queden únicamente en el contrato con Indra Sistemas, sino que abarquen la gestión administrativa completa de Roberto Rosario Márquez en la JCE. Tal vez Rosario Graciano, titular que estuvo con Rosario Márquez y que fue ratificada como titular en la actual gestión, pudiera ayudar con datos que agilicen esa investigación. Muchos datos de interés podrían ayudar al país a conocer el modo en que se invirtieron o dilapidaron miles de millones de pesos del pueblo dominicano.
