Dice un refrán que no se le puede pedir peras al olmo. Quizás eso es justamente lo que hemos venido haciendo la ciudadanía dominicana con nuestra persistente y ejemplar demanda de Justicia ante la corrupción de la clase política gobernante.
Hemos expresado nuestra posición de manera creativa, pacífica y masiva. Hemos marchado de un extremo a otro del país. Hemos acudido a los tribunales con documentación bien presentada. Hemos recogido la voluntad, expresada en firmas, de más de 300 mil habitantes. Hemos llenado los medios de comunicación. Hemos leído manifiestos, cantado canciones y hecho demostraciones artísticas.
Pero no hay peor sordo que quien no quiere oír. Y parece que los dirigentes del partido que nos gobierna prefieren ignorar el reclamo del pueblo, al que se deben, antes que asumir las consecuencias de sus acciones. Así lo evidencia la puesta en libertad de los únicos dos implicados en el mega escándalo de corrupción de Odebrecht que todavía estaban en la cárcel.
La ciudadanía de nuestro país ha demostrado su compromiso de corazón con la construcción de una mejor sociedad, donde la Justicia aplique tanto para los gobernantes como para los gobernados, donde se termine el régimen de impunidad que ha mantenido una corrupción sistemática en todos nuestros gobiernos; y donde, finalmente, nuestros recursos públicos lleguen a los hospitales, campos, barrios y escuelas a mejorar la vida de todas las personas que compartimos esta media isla.
En este momento histórico, esa aspiración comienza por que se haga justicia frente a los delitos de corrupción públicamente admitidos por Odebrecht. El hecho de que a ocho meses de movilizaciones no haya hoy en la República Dominicana ningún involucrado preso, es producto de la decisión directa de la Presidencia de la República y la dirigencia del PLD, porque tanto los jueces de las altas cortes como el Procurador General de la República fueron nombrados por esa dirigencia y responden a sus intereses.
Por eso, con el mismo cariño y entusiasmo con que hemos organizado nuestras marchas, y también con la misma dignidad, el próximo paso que como ciudadanía consciente podemos tomar es empezar a organizar un paro nacional pacífico y contundente, que aumente la presión sobre quienes tienen el poder de decisión.
El paro o huelga es una herramienta de protesta legítima, reconocida como derecho de la ciudadanía trabajadora tanto en la Constitución dominicana como en tratados internacionales y que ha sido utilizada exitosamente en muchísimos momentos y lugares del mundo para exigir derechos esenciales. Para suspender el grueso de la actividad laboral y económica del país durante un día, una acción de ese tipo requerirá la articulación de sectores tan diversos como las organizaciones de trabajadores y de comerciantes, el sector transportista y las iglesias, los gremios profesionales y el sector industrial. Segmentos de todos estos sectores han expresado, de diferentes maneras, su compromiso con la lucha ciudadana por el fin de la impunidad.
El mensaje debe ser claro: o actúan ustedes, o la ciudadanía seguirá actuando. Porque si el partido que nos gobierna insiste en ser un árbol viejo que no da nuevos frutos, no nos quedará otro camino que cortarlo de raíz y sembrar nosotras mismas el jardín con árboles de frutos verdes que venimos soñando.
