Por: Henri Hebrard
En República Dominicana existe una problemática que arropa los titulares de las noticias de forma recurrente y llena de luto a decenas de familias. Hablamos de la comercialización del alcohol ilícito, una práctica compleja que no sólo viola la ley y erosiona los ingresos que corresponden al Estado, sino que, para desgracia, amenaza la salud y la vida de miles de dominicanos cada año.
Lo que probablemente pocos saben es que el fenómeno del alcohol ilícito es un monstruo que tiene cinco caras, como se considera a nivel internacional. Veamos. La primera se presenta en forma de adulteración del alcohol, por ejemplo, rellenando botellas de marcas legítimas, o en la venta de alcoholes ilegales como si fuesen marcas legales, sustituyéndolas. En segundo lugar, figura la cara del contrabando, cuando se importa etanol como insumo de manera ilegal, o se importan bebidas terminadas por cualquier vía de conjunto con importaciones legales.
Una tercera dimensión cobra vida al presentarlo como artesanía ilegal, es decir, cuando se produce alcohol artesanalmente o a escala reducida pero luego se fabrica en mayores cantidades de manera ilegal con el propósito de comercializarlo. En su cuarta cara, este ilícito también se presenta en forma de alcohol no apto para el consumo humano, que resulta al sustituir el alcohol potable por el farmacéutico e incluso enjuagues bucales, perfumes y hasta líquidos refrigerantes.
En cuanto al quinto rostro, encontramos la evasión de impuestos, que ocurre al producirse bebidas de manera legal, pero sobre las que sus comercializadores no pagan el correspondiente impuesto al consumo y, por extensión, tampoco el Impuesto a la Transferencia de Bienes y Servicios (ITBIS).
Estas cinco malas caras se ven potenciadas por una realidad que las aviva y exacerba. Nos referimos a que por falta de conocimiento e inadvertencia el consumidor final es incapaz de distinguir las bebidas legales del alcohol ilícito que sale en cualquiera de las cinco modalidades mencionadas. Además, tampoco está pendiente de estos riesgos y del peligro que representa para su salud y su vida.
En muchos casos, esto sucede porque la compra o el consumo se materializa en establecimientos formales, que le resultan confiables, como bares, discotecas, liquor stores, etc. Por eso, ni se imagina que está cometiendo un acto ilícito y tampoco tiene la capacidad de distinguir un producto ilícito cuando se trata de falsificación o relleno de marcas legales.
Otro componente que hemos identificado en la escena del ilícito es el hecho cultural de normalización del ilícito que, debido a la brecha de precio entre producto lícito e ilícito, es visto por muchos como carril expreso para mejorar su situación económica a través de la evasión de los impuestos que se perciben como elevados, independientemente del nivel socioeconómico. Esta brecha de precios, producto de la alta carga impositiva, toma mayor relevancia como aliciente en la percepción y aceptación del ilícito en los productos de gama baja, dirigidos a los segmentos más sensibles al precio, como jóvenes, estudiantes y población socialmente vulnerable.
Siguiendo esta línea, la estructura impositiva adquiere indiscutible relevancia al propiciar la ampliación de esta brecha de precio, haciéndola lo suficientemente atractiva como para incentivar los riesgos asumidos al momento de cometer el ilícito, siendo los impuestos selectivos al consumo, por su alto peso en el caso de República Dominicana, el factor de mayor incidencia en el precio.
A estos incentivos se agrega la insuficiencia de controles en las diferentes etapas de la cadena de valor, sobre todo en cuanto a suministro de alcohol se refiere y al acceso del consumidor final a puntos de venta informales, zonas de libre comercio o las nuevas plataformas digitales, que muestran un crecimiento importante. Es importante tomar estas prácticas en cuenta porque son precisamente los países que han logrado implementar controles efectivos sobre el mercado del etanol (tanto local como importado) los que han mostrado mayor éxito en reducir sus niveles de ilícito.
En este sentido, se requiere abordar dos retos insoslayables que presenta la República Dominicana: la frontera domínico-haitiana y su condición de isla, con múltiples puertos de entrada, oficiales y no oficiales, que facilitan la llegada de alcoholes desde otras islas del Caribe. A lo que se suma el alto nivel de informalidad en el país que contribuye a crear canales pretendidamente “naturales” de distribución para estos productos, rematado en República Dominicana por la existencia de otras vías alternativas como son las zonas francas y el turismo.
El Covid-19 recrudece la situación
La llegada de la pandemia del Covid-19 también tuvo su influencia en el repunte del consumo de alcoholes ilícitos a nivel tanto regional como global, cambiando incluso los patrones de preferencias de consumo, fruto de las medidas de confinamiento.
Según un reporte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), “Regional Status Report on Alcohol and Health” (Reporte regional del estatus del alcohol y la salud, 2020), la frecuencia del consumo ilícito experimentó un crecimiento en la región durante la actual pandemia, pasando de un 1.9% semanal en 2019 a un 3.0% en 2020, o de un 2.2% mensual en 2019 a 4.9% en 2020.
El mismo reporte revela cómo este período de pandemia tuvo un impacto diferenciado sobre el consumo de las distintas categorías de bebidas alcohólicas. Mientras que la participación de las cervezas en el consumo regional total bajó de un 52.3% en 2019 a un 48.7% en 2020, igual que las bebidas destiladas que bajaron de un 17.3% en 2019 a un 13.8% en 2020.
RD entre los líderes de alcohol ilícito
Si bien las estimaciones de los niveles de alcohol ilícito en la República Dominicana varían según las fuentes que se consulten, estudios como el publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en 2020 nos permiten tener una idea de su comportamiento. De acuerdo con este, en 2016 el nivel de consumo de ilícitos en el país se situaba en un 18.6% del consumo total, es decir 1.3 litros al año de bebidas ilícitas frente a 5.7 litros al año de bebidas lícitas.
En tanto que Euromonitor, una de las fuentes más comúnmente utilizadas en Latinoamérica, sitúa el consumo de alcoholes ilícitos en República Dominicana dos veces por encima del promedio regional estimado en un 15%, al pasar de un 15.7% en 2011 a un 30.8% en 2019. Tal subida coloca al país en el primer lugar de la clasificación de los países con mayor nivel de ilícito, delante de países como Ecuador (29.2%), Perú (26.2%), Bolivia (25.7%), Colombia (22.0%) y Honduras (20.4%).
Según los cálculos de Euromonitor, se estima en US$547 millones el valor comercial del alcohol ilícito para 2016, y en cerca de US$260 millones las pérdidas fiscales por este concepto. Dentro de esta cifra, el contrabando representa el 71.4% del valor comercial del ilícito (unos US$390.7 millones) y un 67.3% de la pérdida fiscal total resultante (US$175.4 millones).
Recomendaciones: entre mecanismos de control y estructura tributaria
Tomando en cuenta estas cifras, más el levantamiento realizado para este análisis, podemos hacer algunas recomendaciones que valdría la pena que sean ponderadas por las autoridades. Primero, convendría implementar una metodología interinstitucional coherente y compartida de medición de los diferentes tipos de ilícito.
En segundo lugar, sería de gran utilidad desarrollar nuevos mecanismos de control y trazabilidad del comercio de alcohol etílico, tanto importado como de producción nacional, para desincentivar las actuales puertas de entrada desde otras islas del Caribe o del vecino Haití, y cerrar las puertas al “contrabando interno” de alcohol con controles de alta tecnología a las fábricas.
La actual coyuntura en la que se ha anunciado un nuevo pacto fiscal representa también una oportunidad única aprovechable para revisar la pertinencia del actual andamiaje tributario que afecta las bebidas alcohólicas, ya que los altos impuestos asociados a elevados costos de cumplimiento terminan siendo caldo de cultivo y el margen de ganancia para el que cometa los ilícitos.
Finalmente, queda claro que en República Dominicana debería ser una prioridad seguir trabajando desde un abordaje multidimensional para reducir a la mitad los actuales niveles de comercio ilícito de alcohol, para continuar salvando las vidas de tantos dominicanos y protegiendo los ingresos del Estado que podrían destinarse a la educación y otras iniciativas de bienestar social.
