Danilo Medina, bajo la intensa y ascendente presión del movimiento verde, se apresta a una gran farsa judicial.
Todo comenzó cuando excluyó el tema de la estafa de las plantas a carbón de Punta Catalina (en la que está involucrado el propio presidente de la República) de la carpeta del Procurador General de la República, personero bajo su mando “pegado con coquí” a la cúpula del PLD; designando para proceder a otro tipo de encubrimiento la Comisión de su socio Agripino.
Luego, el propio Procurador Jean Alain Rodríguez, siguiendo sus instrucciones, se declaró “incompetente” en la vertiente de las sobrevaluaciones de las obras de Odebrecht, incurriendo en la práctica del encubrimiento de delitos penales que implican el robo de más de 2000 millones de dólares al Estado y concretamente a los/as contribuyentes.
Igual el Poder Ejecutivo, junto a la Junta Central Electoral y al Ministerio Público bajo su tutela, se han hecho los “locos” frente a variados testimonios brasileños que dan cuenta del financiamiento multimillonario de la Odebrecht a las dos campañas presidenciales de Danilo Medina y Margarita Cedeño, evadiendo -con abuso de poder incluido- delitos tipificados en la ley electoral, que a la vez evidencian la ilegitimidad de este Gobierno.
Ni hablar de cómo el Sistema de Injusticia imperante obvia toda corruptela que no sea una partecita de lo de Odebrecht (ignora los delitos de Falcondo, Barrick, Sun Land, CEA. Corde-Tres Brazos, Valle Nuevo, mafia de los combustibles, mafia judicial, Diandino-Metro, Christofe Naudin-Leonel, narco-generales, mafia policial, Scaners-Roberto Rosario etc, etc, etc…), quedándose solo con los sobornos de ese consorcio, con la evidente intención de limitarse a algunos de ellos, excluyendo a los personeros de la corrupción danilista.
La farsa que se está fraguando, y que pronto habrá de evidenciarse con más claridad, persigue ceder un poco para a la vez proteger a Danilo, a sus aliados, a sus alcancías, a propio ex-presidente Fernández, a la vicepresidenta y a todo el corrompido sistema judicial; a gran parte de los congresistas, a la partidocracia inescrupulosa de los partidos tradicionales, a los grandes empresarios y generales mafiosos. ¡Al sistema corrompido y corruptor!
Por eso insistimos en que el marco de este gobierno, de este régimen político y de este Estado putrefactos no se puede lograr el fin de la impunidad, menos aun el fin de la gran corrupción.
Y es por tanto imprescindible fortalecer aun más la democracia de calle, darle más vuelo multitudinario a las movilizaciones, desarrollar el contrapoder popular que se está forjando y convertirlo en poder constituyente… para obligar a dimitir al gobierno y a la instituciones infectadas de corrupción, anular la Constitución del 2010 que las sustentan y refundar el orden constitucional, el sistema de justicia y el nuevo Estado a través de una Asamblea Constituyente Soberana convocada por un gobierno provisional de transición.
