En todos los países, en el algún momento de su historia, un presidente ha sido derrocado, asesinado, encarcelado, exiliado y obligado a renunciar sin que signifique el fin de los tiempos. Los procesos sociales y coyunturales determinan los acontecimientos.
No firmé el documento exigiendo la renuncia del presidente Danilo Medina, primero, porque nadie me lo pidió; segundo, porque aunque pudiera estar de acuerdo con el contenido, lo creo inoportuno porque la correlación de fuerza no lo permitirá dado el control del partido oficial y del mandatario de los poderes del Estado y la prensa, junto con la dispersión de la oposición.
Pero, si convenimos en que Danilo es resultado de unas elecciones fraudulentas, que además fueron patrocinadas por empresas o gobiernos extranjeros como se ha determinado, entonces puede ser considerado como un presidente ilegítimo. En consecuencia, pedir su renuncia y que se hagan otras elecciones, no es una locura.
Si a lo antes señalado le agregamos el nivel de corrupción y degradación de la vida social que vive el país, no resultaría extraño que los partidos de oposición y la sociedad civil, cansados de tanto descrédito nacional e internacional, griten ¡que se vaya, ya!, como lo hizo en su ocasión el PLD con Salvador Jorge Blanco y Joaquín Balaguer. Ellos también eran presidentes del país, ellos también fueron elegidos, ellos también eran presidentes constitucionales.
Lo que ocurría entonces, que no sucede ahora, es que esos mandatarios no tenían el dominio absoluto de la Justicia, el Congreso, una buena parte del empresariado, las iglesias y casi toda la prensa que está minada por un ejército impresionante de bocinas, megáfonos, cornetas y pitos defendiendo al unísono al gobierno.
Los que firmaron el documento de marras, incluso los que negaron haberlo firmado, merecen, por lo menos de mi parte, respeto y consideración porque se trata de ciudadanos probos, preocupados por la situación política, económica y social, sobre todo por la degradación ética y moral de la sociedad dominicana saturada de escándalos cotidianos de corrupción y de impunidad.
A esos ciudadanos de conciencia social no los desmerito, no los degrado como profesionales, ni los ofendo con calificativos hirientes, porque no lo merecen. Al contrario, aplaudo su buena disposición, su actitud valiente de pedir públicamente -a contracorriente- lo que deben hacer los políticos de oposición.
Este gobierno no ha cumplido un año y parece que tiene cien. Dentro de tres años, si termina, llegará a las elecciones del 2020 como un anciano de mil años, en muletas o en silla de ruedas con un cáncer de corrupción que hizo metástasis en todo el tejido social hace tiempo.
El horno no está para galletitas, como dice la gente. La cosa está buena pero no se vende, como dijo el chino durante la dictadura de Trujillo. La cosa está buena, para los corruptos, los que se enriquecen de la noche a la mañana desde posiciones en el Estado, pero está muy mala para los hombres y las mujeres de trabajo, que pagan impuestos para que otros se los roben.
Reitero -sin temor a las consecuencias- que no firmé el documento, no por desacuerdo, sino porque no me lo pidieron, y porque lo considero inoportuno ya que no están dadas las condiciones objetivas, aunque si subjetivas, para exigirle al presidente que renuncie, porque además de todo lo ante señalado, ha demostrado una gran incapacidad gerencial.
Por otro lado, se supone, aunque no lo parece, que este es un país democrático y plural, donde existe libertad de expresión y difusión del pensamiento. Los firmantes del documento hicieron uso de ese legítimo derecho fundamental. En ese sentido, no hay porque rasgarse las vestiduras ni enviar a la hoguera a los doctores Andrés L. Mateo y Jesús Feris Iglesias, entre otros, por haber publicado un comunicado diciendo lo que piensan. (¿O es que ya tenemos al Trujillo del Siglo 21?)
