Estados Unidos, Hungría, Polonia, Austria, Australia, Israel y otros países europeos han anunciado que no firmarán el acuerdo.
La República Dominicana por su condición geográfica de la isla la cual comparte con Haití, por la situación migratoria actual sin control procedente desde ese país y la frágil estabilidad institucional del Gobierno, de la Dirección de Inmigración, de las Fuerzas Armadas y sus Instituciones, lo cual atenta en contra de nuestra soberanía e independencia, no puede firmar dicho acuerdo por las siguientes razones:
1- Nuestra Nación, la República Dominicana, desaparecería como país independiente y Soberano.
2- Dicho acuerdo socava el derecho de la República Dominicana, sus leyes de inmigración y limites geográficos de su frontera.
3- Interfiere con la soberanía del país, promueve la migración insegura, y desordenada.
4- Limita la capacidad de la República Dominicana para establecer y hacer cumplir sus propias políticas de inmigración.
5- El Acuerdo no es coherente con las políticas bien establecidas de los países los cuales tienen que proteger sus fronteras.
6- El Acuerdo no distingue adecuadamente entre las personas que ingresan a los países ilegalmente y las que llegan de la manera legal, especialmente las que consumen el bienestar de la salud, la alimentación, la vivienda y otros beneficios «.
7- Muchos de sus 23 objetivos esos objetivos son vagos, incluidos objetivos como: «mejorar la disponibilidad y flexibilidad de las vías para la migración regular» y «abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración».
8- El Acuerdo tratar de establecer normas globales muy amplias, como el derecho a migrar, lo cual fomentaría una migración mucho más peligrosa de inestabilidad para la República Dominicana.
9- Dicho Acuerdo inhabilita la independencia y soberanía de la República Dominicana convirtiéndola en un zafacón de la Naciones Unidas en el orden migratorio.
10- La primordial responsabilidad del Gobierno Dominicano es garantizar que la migración se administre de manera coherente con las leyes y políticas nacionales porque su deber es primero con los ciudadanos de la República Dominicana, para atender sus necesidades, garantizar su seguridad, preservar sus derechos y defender sus valores».
