Los señores Ramón Reynoso, Nelly Capellán y Roberto Sánchez, denunciaron a través del periódico digital Loquesucede.com y otros medios, una serie de situaciones que involucran a varios “servidores judiciales” en la expedición fraudulenta de títulos para cometer fraudes y despojar a extranjeros de sus propiedades. Motivados por estas denuncias, la Inspectoría General de la Suprema Corte de Justicia inició las investigaciones del caso que involucran a varios afectados por presunta obtención de títulos de manera fraudulenta ante el registro de títulos del D.N, en relación con la Parcela 10-D, del DC. # 2, del municipio de Luperón, Provincia Puerto Plata, específicamente en las zonas de Punta Rusia y la Ensenada, en el Municipio de Villa Isabela.
Dichas investigaciones se iniciaron con entrevistas y con la obtención de información vital provista por los denunciantes y su abogado Amadeo Peralta, quienes habrían sido entrevistados por espacio de cuarto horas.
La Inspectoría General de la SCJ dirigirá las investigaciones que envuelven a empleados y servidores del poder judicial, para determinar la participación o la responsabilidad disciplinaria de empleados de los registros de títulos, alguaciles, agrimensores, notarios, jueces o personas vinculadas en relación con las denuncias presentadas y determinar o no la veracidad de los hechos.
Hay que recordar que la Inspectoría General de la SCJ ha venido cancelando empleados y sometiéndolos a juicios disciplinarios, independientemente de sus faltas penales y de responsabilidades civiles, cada vez que se a comprobado que participan en contubernio con grupos criminales, tal y como sucedió con el caso de los “Tres Brazos”, donde desvinculó y solicitó juicio disciplinario contra varios funcionarios y empleados del registro de títulos del D.N.
En el caso de las irregularidades denunciadas en Puerto Plata, hay que señalar que los denunciantes atribuyen a una mafia compuesta por agrimensores, abogados y alguaciles en complicidad con el Director Regional de Mensuras Catastrales Zona Norte, la realización fraudulenta de “deslindes administrativos”, de propiedades que no les pertenecen a sus hoy falsos reclamantes. Por esos hechos están siendo investigados varias personas a las cuales les pusieron títulos a sus nombres y que aun no lo saben y posteriormente aparecen vendiéndoles a una empresa de carpeta, personas inclusive fallecidas, acorde a lo denunciado por el abogado Peralta.
Los denunciantes también depositaron elementos probatorios con los cuales demuestran que luego de realizados los fraudes, los delincuentes utilizan como medio de presión, extorsión y chantaje, el depósito de querellas y acusaciones contra las mismas víctimas de los desmanes de la mafia, según consta el relato de sus denuncias.
