Por Leonardo Jaquez
El nuevo gobierno liderado por el presidente Luis Abinader Corona cumple dos semanas de haberse juramentado tras haber haber obtenido una victoria apabullante en las pasadas elecciones, en las que el expresidente Medina hizo un uso apabullante de la infraestructura del Estado y los recursos públicos en favor de su candidato Gonzalo Castillo.
Este triunfo aconteció fundamentalmente por la extraordinaria capacidad mostrada por el presidente Abinader y su partido para articular el discurso estratégico con el que pudieron seducir a la gente y conectar con los deseos de cambio reflejados en las encuestas, que fundamentalmente giraba en torno a la aspiración de mayor institucionalidad, mayor democracia y un Ministerio Público y sistema de justicia serio e inquebrantable que llevara a la cárcel a los corruptos.
Muchos consideraron que en sus primeros días de gestión el primer mandatario de la nación ya tendría tras las rejas, como récord histórico, a varios de los ex funcionarios peledeístas que fueron señalados por los medios de comunicación por la supuesta comisión de actos de corrupción. Sin embargo esto no ha sido así a pesar de que existen muchísimos elementos probatorios contundentes para al menos solicitar ante los tribunales de la república medidas concretas de coerción contra varios de los que han sido mencionados, de manera que esto le permitiera al gobierno al menos congelar cuentas bancarias, oponerse a la transferencia de bienes e impedirles a los ex funcionarios salir del país.
Estas hubiesen sido las acciones que mucha gente hoy estaría interpretando como correctas, a sabiendas de que este gobierno tiene sobre sus hombros la responsabilidad y el compromiso histórico de hacer realidad el enorme deseo de cambio y de justicia que tiene la sociedad, la cual toleró por 16 años el régimen político mas corrupto de toda la historia.
Sin embargo lamentablemente no ha sido así, lo que el gobierno ha hecho en sus primeros días ha sido reproducir en parte las mismas prácticas propagandísticas implementadas por el PLD en el inicio del pasado gobierno. La firma por parte de funcionariado de una carta de compromiso ético y la entrega de la declaración jurada de bienes salvo pena de ser suspendidos y hasta apartados de la función pública, entre otras estrategias que para algunos resultan hasta infantiles.
Y esto así ya que los funcionarios mas corruptos que hemos tenido en las últimas décadas han reportado sus declaraciones juradas de bienes con cifras manipuladas acorde a sus intereses.
En este ámbito lo correcto hubiese sido que por decision del presidente de la república a través de una ley aprobada por la mayoría perremeísta o un decreto ordenar a todo el funcionariado de los niveles altos y medios abstenerse a devengar salarios de lujos e ingresos marginales que inclusive aprueban sus propias gestiones y que atentan con el sentido ético que debe prevalecer en la administración del dinero público.
Asimismo, en la misma normativa legal o vía decreto presidencial eliminar todas las pensiones privilegiadas concedidas por el expresidente Medina y auto aprobadas por ex funcionarios como fue el caso del ex adminsitrador de Banreservas, Simón Lizardo, quien decidió auto liquidarse y auto pensionarse con casi un millón de pesos al mes, todo aprobado en los estamentos formales establecidos pero que fundamentalmente operan como espacios para la simulación de legalidades. En concreto nos referimos al Consejo de Administración de Banreservas, donde sus integrantes casi siempre estan alineados al intereses común de lucrarse con los dividendos generados en la entidad bancaria.
Por todo esto que mencionamos parecería que en apenas días ya se esparce una inmensa nebulosa de dudas en torno a la credibilidad del nuevo gobierno y a la validez de su discurso anticorrupción. Por eso mucha gente pide a través de las redes sociales que las actuales autoridades deben procurar hacer «menos bulto» y enfocarse en implementar medidas concretas que en la práctica resulten útiles para que los organismos represivos del Estado puedan someter a los ex funcionarios corruptos del pasado y a la vez reducir a mínimos las posibilidades de que los nuevos administradores se enriquezcan desonrosamente con el dinero del pueblo.
