La Junta Central Electoral (JCE) no se puede permitir una sola debilidad más en medio de la crisis que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales por fallos en el voto automatizado. En este sentido, Participación Ciudadana expresó su oposición al uso de celulares para la transmisión de resultados en los comicios convocados para el 15 de marzo.
Esa organización cívica aseguró hoy que “se opone al uso de celulares para transmitir resultados en razón de que el país no resistiría otro fracaso electrónico”.
En lugar de eso, propusieron que los resultados de los colegios electorales sean consolidados y dados a conocer por las Juntas Municipales Electorales, “las que luego transmitirán los resultados a la Junta Central Electoral, tal como está contemplado en el artículo 246 de la Ley Electoral No. 15-19”.
Aseguraron que la crisis actual es resultado de “décadas de prácticas antidemocráticas, del crecimiento de la corrupción y la impunidad, de la exclusión, del uso abusivo del Estado para el enriquecimiento y la permanencia en el poder, en fin, de toda clase de prácticas ilegales amparadas en la impunidad y de las que este país esta hastiado”.
Esperan explicación de la JCE e IFES
“De la JCE no podemos esperar promesas”, sentenció hoy Participación Ciudadana.
La organziación consideró que elfracaso de su sistema de votación ha convertido al país en referente obligatorio a nivel mundial y recordaron que hace un año advirtieron sobre los riesgos del voto automatizado.
“No valieron las advertencias sobre los riesgos de vulnerabilidad que hicimos junto a la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira, hace justo un año, con pruebas de que el voto electrónico ha sido descartado en casi todos los países, por no ofrecer las garantías que requieren las elecciones en los países democráticos”, aseguraron.
En marzo de 2019, contó la organización, “remitimos una carta solicitando que, de aprobarse ese sistema, debía hacerse con tiempo una auditoría de los equipos y del software. Todos los recursos gastados en equipos, en trabajo técnico y dos auditorías que certificaron su seguridad, resultaron en un duro golpe para el país, para la misma JCE y para los partidos políticos que, a pesar de nuestras advertencias, fueron encantados por las promesas de rapidez en el conteo y la transmisión”.
Reclamaron “una explicación de la JCE sobre lo que pasó, así como también del informe de las instituciones a las que se encargue la investigación, sobre todo el IFES, que ya había certificado el sistema”.
